Existirá un teléfono gratuito de atención (900 84 01 26) para que los usuarios y profesionales puedan informarse de primera mano durante el periodo de transición

“El programa de atención jurídica a los inmigrantes irregulares, no desaparece. Se transforma. Cambia su modelo de gestión y de atención a los usuarios para prestar el servicio de una manera más integral. No cerramos Heldu, sólo una manera de abordar el programa”. Así de contundente se ha mostrado la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, al presentar el nuevo modelo Heldu de atención a los inmigrantes en situación irregular.

A la hora de este cambio ha pesado una reflexión sobre el modelo de atención y el tipo de trabajo que el Gobierno vasco debe priorizar en materia de integración de las personas inmigrantes. El servicio Heldu tal y como estaba configurado no tiene acomodo en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, ya que la Ley de Servicios Sociales no lo incluye dentro de su catálogo. A partir de ahí, el Departamento entiende que debe reordenar el ámbito de los apoyos que precisan las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, no manteniendo un servicio específico sino apostando por que los servicios sociales y los servicios de empleo atiendan a todas las personas en toda su diversidad y sin ninguna discriminación.

En ese contexto de normalización y universalización de los servicios, está previsto que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide sea, en adelante, la encargada de gestionar todo lo relacionado con las autorizaciones de trabajo, de cara a facilitar la inclusión laboral de los inmigrantes. Del mismo modo, el departamento fortalecerá los servicios sociales de atención primaria para profundizar en el acompañamiento social de las personas. Otro de los servicios normalizados abiertos a toda la ciudadanía, son los de orientación jurídica del Departamento de Justicia, que pueden atender los casos de relacionados con la situación administrativa de las personas extranjeras.

Por otro lado, el actual Servicio de integración y convivencia intercultural (Biltzen), dependiente de la dirección de Inmigración, asesorará, formará y atenderá las consultas de los profesionales que acompañan a las personas usuarias de los servicios públicos. En colaboración con los ayuntamientos, se ofrecerán espacios y materiales de formación y asesoría, y existirá un teléfono de atención para que los profesionales puedan orientar mejor a todas las personas.

En tercer lugar, se busca una coordinación y complementariedad entre la labor pública y la iniciativa social apoyada por el Gobierno. Numerosas entidades del tercer sector vienen acompañando a las personas inmigrantes en situación irregular de manera integral, incluida la asesoría jurídica, y muchas de ellas lo hacen ya con el apoyo del Gobierno vasco. “Es nuestra voluntad fortalecer, con más apoyo financiero y técnico, a la red de entidades que ejercen ya esta labor y que deseen profundizar en ella”, ha asegurado Zabaleta

Razones administrativas

Por otra parte, la consejera también alegó razones administrativas para no renovar a la empresa, Estudios y Proyectos Jurídicos SL, que ahora ofrece el servicio y cuyo contrato vence el próximo 15 de julio. “Resultaba del todo punto desaconsejable y contrario a los criterios de contratación gubernamental la renovación del contrato porque la empresa adjudicataria del servicio, no cumplía con algunos criterios que los servicios jurídicos del Gobierno consideran ineludibles a la hora de contratar”.

El análisis jurídico ha encontrado tres razones de peso para desaconsejar la renovación del contrato administrativo: en primer lugar, se trata de una sociedad limitada que “no cumplía con el criterio propio de la contratación administrativa de desarrollar más actividades que las propias del servicio contratado, sino que era una empresa creada ad hoc”; en segundo lugar, “se trata de una adjudicataria que no ejerce como tal en la dirección del proceso de prestación del servicio”; y por último, “tampoco se cumple la necesidad de que los adjudicatarios dispongan de medios de gestión propios, ya que el servicio era prestado en locales propiedad del Gobierno, siendo éste quien cubre otro tipo de gastos, como equipos y aplicaciones informáticas, mantenimiento, etc”.

“Se trata –ha concluido la consejera- de una contratación en la que, a juicio de las instancias competentes en la materia, concurren numerosos elementos que vulneran las normas y criterios de contratación del propio Gobierno. Este factor nos imposibilita continuar como hasta ahora, y cualquier intento en ese sentido no hubiera podido prosperar”.

Respecto al futuro de los trabajadores que prestaban servicio en Heldu, la consejera ha asegurado que “hemos mostrado nuestra máxima voluntad para ejercer una intermediación que facilitara en lo posible el encaje de las personas en el nuevo escenario, siendo conscientes de que los empleados lo son de Estudios y Proyectos Jurídicos SL”. Al respecto, Zabaleta ha revelado la existencia en el contrato de una cláusula explícita de no subrogación de los trabajadores.

Transición

Por último, la consejera de Empleo ha confirmado la apertura de un proceso de transición hacia el nuevo modelo de atención, cuyo principal objetivo es que “ninguna persona usuaria se vea afectada en este período de cambio”. Según cálculos del departamento, este proceso transitorio podría tener una duración aproximada de tres meses, de modo que a principio del próximo curso pudiera estar asentado plenamente el nuevo modelo. El operativo contempla los casos más urgentes, cuya atención será prestada, bajo concertación de cita, en Vitoria (Lakua), Bilbao (calle Henao) y Donostia (calle Larramendi). Existirá un teléfono gratuito de atención (900 84 01 26) para que los usuarios puedan informarse de primera mano durante este periodo de transición. Además, pueden dirigir sus consultas a la dirección de correo electrónico immigrazioa-asesoria@ej-gv.es