De izquierda a derecha, Maite Morillo, decana del Colegio de Abogados de Bizkaia, Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE y decnao del Colegio de Cartagena, Carlos Berbell, director de Confilegal, Filomena Peláez, presidenta de la Comisión para la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y consejera no decana y Gerardo López, decano del Colegio de Guipuzcoa y presidente del Consejo Vasco de la Abogacía. Foto: CGAE.

El debate arrancó con la ironía propia de quien lleva muchos años viendo promesas legislativas ir y venir. En el salón del Parador de Cuenca, con la Catedral como próxima parada y una hora para debatir, Carlos Berbell, director de Confilegal, tomó el micrófono para moderar el Foro 30 años de Ley de Justicia Gratuita, que, sobre el papel, celebraba “30 años” de justicia gratuita, pero que en la práctica funcionó como un aviso a navegantes sobre la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que prepara el Ministerio.

Un Foro Confilegal en el que público y participantes eran mayoritariamente los decanos de los Colegios de Abogados de toda España que, al día siguiente, tenían previsto celebrar su pleno en el ciudad de las casas colgantes.

“Treinta años se han pasado en un suspiro”, dijo Berbell, y dejó flotando la idea que marcaría toda la sesión: si el sistema ha sobrevivido, no ha sido por la comodidad de quienes lo sostienen, sino por la inercia profesional de la Abogacía.

“Vamos a pararnos y ver… qué debe corregirse concretamente nuestra nueva ley para que sea sostenible”, planteó, antes de lanzar la primera pregunta que iba a dividir matices, pero no el diagnóstico de fondo: ¿las administraciones entienden la justicia gratuita como servicio público esencial o como una subvención a la Abogacía?

“Es un servicio público esencial… pero está despreciado”

Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y decano del Colegio de Abogados de Cartagena, no esquivó el contraste entre teoría y práctica.

“Cuando hablamos de justicia gratuita hablamos de igualdad ante la ley… de tutela judicial efectiva”, subrayó, antes de responder: “Todas las administraciones públicas saben perfectamente que estamos hablando de un servicio público esencial. Conocerlo lo saben… otra cosa es que entienda o quiera entender lo que eso significa”.

Su comparación fue deliberadamente incómoda: la justicia gratuita debería estar “al mismo nivel que la sanidad pública o la educación”. Pero, remató, ocurre lo contrario: “No se valora… sino que es absolutamente despreciada por parte de la administración. No se respeta realmente el trabajo que hacemos”.

Filomena Peláez, presidenta de la Comisión de la Futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, endureció aún más el encuadre: “Ni lo uno ni lo otro”, dijo, “saben qué es, pero quieren que esté soportado por la abogacía”.

Su frase, que funcionó como resumen del malestar, apuntó al núcleo del conflicto presupuestario: “Siempre rascan en el presupuesto… Quieren que esté soportado por la abogacía y es insostenible”.

Maite Morillo, decana del Colegio de Abogados de Bizkaia, introdujo el primer contrapunto. En su entorno —explicó— sí percibe conciencia institucional y “buena disposición”, aunque a veces “frustrada”, y destacó la interlocución práctica que facilita el trabajo.

Fue una intervención que no negaba el problema, pero sí mostraba que el mapa no es homogéneo: el debate sobre la futura ley no solo es jurídico, también es territorial.

El cierre de este primer bloque lo puso Gerardo López, decano del Colegio de Abogados de Gipuzkoa y presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, con una síntesis que buscaba equilibrar reconocimiento y crítica: “Después de 30 años… ha cumplido su función”, porque miles de ciudadanos han ejercitado sus derechos sin que la falta de recursos fuera un obstáculo.

Pero “tiene un pecado”: “No ha sabido transmitir a las administraciones… que hay que financiar un servicio público estructurado”. El resultado, dijo, es la confusión persistente: “una especie de subvención a la abogacía” en lugar de la financiación de un servicio esencial.

Y dejó formulado el mensaje político que atravesó toda la crónica: “Gastar en asistencia jurídica gratuita es invertir en justicia social y en calidad democrática”.

Los fallos “estructurales”: presupuestos cortos, pagos tardíos, baremos congelados

La conversación descendió a la mecánica diaria: dinero, plazos, previsibilidad. Méndez, cuyo Colegio en lo que se conoce como «territorio Ministerio» (las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo) puso nombre al problema central en este espacio que administra el Ministerio de Justicia: el modelo de financiación “a cargo de los presupuestos públicos” se queda corto sistemáticamente.

“Todos los años… lo presentado se queda corto”, explicó, y describió el patrón: a final de año, pagos que se retrasan a marzo o abril. Para él, la nueva ley tiene dos prioridades urgentes: corregir el retraso crónico y fijar “la actualización automática de los baremos” (IPC u otro índice), hoy inexistente.

El tono cambió cuando Berbell preguntó directamente a Peláez por sus reuniones con el Ministerio. La respuesta fue una crónica dentro de la crónica.

“La primera reunión… octubre de 2024” —situó— y allí, dijo, se encontraron con una “prisa inmediata” por sacar la ley “para diciembre… navidades 2024”. La Abogacía, replicó, se negó a un “lavado de cara”: “No vamos a hacerlo de prisa… para que luego vosotros digáis que contáis con nuestro beneplácito”.

Peláez describió una negociación “firme, pero basada en la empatía”: “Poneros nuestros zapatos”, trasladaron al Ministerio. El problema, concluyó, no sería solo de comprensión, sino de recursos: “No es que no tengan empatía… es que no tienen dinero… no quieren incluirlo en la ley. Y nosotros decimos: es un problema vuestro, no nuestro”.

La escena se completó con un dato político significativo: ante la pregunta de si el Ministerio les había enseñado el proyecto, fue tajante: “No”. Lo han pedido “en cada reunión” y, mientras tanto, la Abogacía ha ido entregando propuestas “en papel” artículo por artículo.

El “modelo vasco” entra en la sala: financiación estable, anticipada y con datos

Cuando el foco se movió a la “estabilidad presupuestaria”, Gerardo López convirtió su intervención en una propuesta técnica exportable: la clave es financiación “estable y anticipada”. Sin esos dos adjetivos, dijo, “es imposible” que el sistema funcione “de forma razonable”.

Aportó además un mecanismo concreto: participación activa de la Abogacía en la fase de preparación presupuestaria. Relató un estudio remitido a la Consejería de Justicia sobre la evolución de asistencias al detenido en diez años, que habría sido determinante para elevar en 2026 la partida en un millón de euros para tres colegios y mejorar compensaciones.

Más allá de cifras, su tesis fue metodológica: sin datos y sin intervención en el diseño presupuestario, el Estado “presupuesta y sin terminar el ejercicio se queda sin presupuesto”, trasladando deuda al año siguiente.

Maite Morillo aterrizó el impacto humano y organizativo de los retrasos: “Inseguridad financiera tremenda”, dijo; gastos que se asumen sin saber cuándo se cobrarán; y una consecuencia institucional: colegios que recurren a entidades financieras para anticipar pagos.

La frase de Berbell, “o sea que estáis financiando el servicio”, quedó sin réplica porque la respuesta era implícita: sí, muchas veces.

Desigualdad territorial: “por un divorcio… 150” frente a “600”

El debate alcanzó su punto más político cuando el director de Confilegal cuestionó si puede hablarse de igualdad cuando cada comunidad paga y gestiona de forma diferente la Justicia Gratuita.

Méndez amplió el foco incluso al acceso: comisiones provinciales que conceden o deniegan el beneficio con criterios dispares “con la misma documentación”. Y sobre retribuciones fue directo: si en el País Vasco o Navarra se cobra “el triple” por el mismo trabajo que en territorio común, “hay algo que falla”.

Peláez articuló la propuesta de consenso interno: no igualar a la baja, sino fijar “un mínimo base” estatal digno y, desde ahí, permitir que quien tenga competencias transferidas suba.

Su ejemplo se convirtió en titular: “Lo que no puede ser es que por un divorcio en Badajoz paguen 150 y en el País Vasco paguen 600”. Y remató con una frase destinada a quedarse: “Antes comentábamos… el derecho de los pobres; ahora los pobres somos los letrados”.

López, sin triunfalismos, introdujo un matiz relevante: incluso donde el sistema es más estable, las compensaciones siguen siendo “básicas” y “mejorables”.

Propuso mirar a Europa y lanzó una comparación inquietante: España, dijo, está “el segundo por la cola” en compensación económica en determinados procedimientos penales, “detrás de Portugal” (en su referencia al debate).

Suprimir los 3 años para acceder al turno de oficio

El debate también abordó el acceso al turno de oficio y, en particular, el requisito de los tres años de ejercicio profesional tras el máster y el examen estatal.

La opinión mayoritaria fue crítica con una exigencia considerada desfasada y poco coherente con el sistema actual de acceso a la abogacía.

Filomena Peláez y Gerardo López defendieron que la clave no está en “retener” a los jóvenes abogados, sino en mejorar la formación y las prácticas, alertando además de la falta de relevo generacional en el turno.

Maite Morillo calificó el requisito de arcaico, mientras que Ángel Méndez admitió que el problema de fondo es que ni el máster ni el examen están funcionando como filtro real, abriéndose a revisar el plazo para garantizar calidad sin cerrar la puerta a nuevas incorporaciones.

«Líneas rojas»: pagar a tiempo y que la gestión siga en la Abogacía

El cierre se construyó como una ronda de “líneas rojas” al Ministerio. Peláez resumió en una batería de exigencias: “Que no haya retrasos, que se paguen todas las actuaciones, que se pague de forma digna, que se nos respete”.

Y añadió un aspecto clave de diseño: que el trabajo realizado no recaiga sobre el abogado como obligación sin contraprestación: “que no recaiga sobre nosotros… ‘estás obligado’… pero luego no vas a cobrar”.

López lo formuló como ultimátum técnico: si no hay financiación pública “estable, anticipada y acorde” con un servicio constitucional, “me quedo como estoy”.

Morillo concentró el consenso mínimo: “que el abogado va a cobrar… todas las actuaciones que realice”.

Ángel Méndez concluyó marcando un límite claro: la nueva ley debe garantizar financiación suficiente y estable y mantener la gestión de la justicia gratuita en manos del Consejo General y de los Colegios. Sin recursos y sin ese modelo de gestión, advirtió, la reforma no sería viable.