Todo los grupos, salvo el PP, apoyaron el dictamen que deroga tres artículos del Código Penal por el que se sancionan con penas de entre tres a cinco años de cárcel e inhabilitación a la autoridad que convoque procesos electorales o consultas populares por la vía del referéndum careciendo de competencia.

El pleno del Congreso aprobó ayer, con los votos en contra sólo del PP, el dictamen de la comisión de Justicia que deroga la reforma del Código Penal, introducida por el anterior gobierno popular, que tipificó como delito la convocatoria de referendums sin competencia para ello.

El dictamen contó con los votos favorables del resto de los grupos parlamentarios, que también rechazaron las siete enmiendas presentadas por el PP a la proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, que continuará ahora su tramitación en el Senado.

El dictamen aprobado ayer deroga tres artículos del Código Penal por el que se sancionan con penas de entre tres a cinco años de cárcel e inhabilitación a la autoridad que convoque procesos electorales o consultas populares por la vía del referéndum careciendo de competencia.

También anula que se castigue con cárcel "a la autoridad o funcionarios que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos" por su relación con delitos de terrorismo. Según el dictamen, las citadas conductas carecen de la "suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es la prisión", y añade que en cuanto a las ayudas públicas a formaciones disueltas o suspendidas, "el ordenamiento ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita".

Reacciones

La portavoz del grupo mixto, Begoña Lasagabaster, opinó que no puede ser que cualquier "discrepancia política" suponga una pena en el Código Penal y defendió el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. En la misma línea se manifestó la portavoz del PNV, Margarita Uría Uria, quien calificó de "torpeza y barbaridad política" la tipificación como delito la convocatoria de referedums sin tener competencia para ello y felicitó a todos los grupos de la cámara, a excepción del PP, porque según dijo, "por fin vamos a arrojar del ordenamiento jurídico lo que nunca debió introducirse en él".

El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, por su parte, defendió la actual regulación y las enmiendas de su grupo al considerar que no se puede privar al Estado de Derecho de instrumentos de defensa "frente a dos desafíos"; el de quien "quiere convocar un referéndum de secesión de manera ilegal" y el de quienes "financien desde las instituciones al terrorismo".

Desde el PSOE, su portavoz Alvaro Cuesta, afirmó que "no está en juego la protección del Estado de Derecho frente amenazas secesionistas" y recordó que el Código Penal ha subsistido sin necesidad de crear un tipo específico para penar la convocatoria de referedums.

El líder de IU, Gaspar Llamazares, consideró que la reforma del PP supone volver a una "situación de excepción" y aseguró que "la utilización del Código Penal para solucionar discrepancias políticas no tiene nada que ver con la sensatez".