El pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó, en su reunión del viernes 25 de abril, a propuesta de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita presidida por Ángel Méndez, el siguiente comunicado:

“Los abogados del turno de oficio que presten su asistencia en los medios adecuados de solución de controversias (MASC), como exige la nueva Ley Orgánica de medidas de materia de eficiencia del servicio público de Justicia, deben recibir una compensación adecuada y justa por todos esos servicios, tanto si llegan a un acuerdo como si no lo alcanzan.

La LO 1/2025, que entró en vigor el 3 de abril, consolida a los MASC como un requisito de procedibilidad, lo que significa que para que sea admisible una demanda en el orden civil, con carácter general, es obligatorio acudir previamente a un proceso negociador.

Y por eso la Abogacía ha reclamado al Ministerio de Justicia que se cree un nuevo baremo para remunerar esas actuaciones y garantizar así el acceso de toda la ciudadanía a la Justicia, permitiendo que aquellos que no puedan abonar sus costes pueda acceder de manera gratuita a todos y cada uno de los procesos negociadores.

De lo contrario este requisito de procedibilidad puede convertirse en una traba o una disuasión para determinados sectores de la población con menos recursos.

Desde el Consejo de la Abogacía siempre se ha defendido que el papel de los abogados y abogadas en la implementación de esta reforma es de vital importancia, máxime cuando la Ley, en su artículo 6, establece los supuestos en que las partes deben contar con asistencia letrada en esta fase previa.

En cumplimiento de esta previsión legal, Cataluña y Madrid ya han incluido un nuevo baremo para cubrir dichas actuaciones letradas. Otras como Andalucía ya tenían este módulo de compensación reconocido y lo están revisando para adaptarlo a la nueva norma.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, propulsor de esta Ley, todavía no ha procedido a dictar una resolución que introduzca nuevos módulos y bases de compensación económica para estos servicios prestados a los beneficiarios de justicia gratuita en el territorio donde mantiene la competencia”.